Gas natural, en vilo: el alto costo que tendría salir a comprarlo en 2025 / Análisis de Ricardo Ávila
Tras 45 años de ser autosuficiente a la hora de abastecer sus necesidades de gas natural, en 2025 y hasta nuevo aviso Colombia tendrá que comprar combustible en el mercado internacional.
Hay advertencias que de tanto hacerse comienzan a ser ignoradas, hasta que llega el momento de la verdad y el público se pregunta qué pasó. Algo de ese estilo es lo que sucede con el gas natural en Colombia, después de que la semana pasada se supo que la oferta local de este combustible será insuficiente para atender las necesidades normales del país, al menos en 2025 y 2026.
Así terminan cerca de 45 años de autosuficiencia energética, respecto a un hidrocarburo que es clave para la economía y el bienestar social. Aparte de que este resulta fundamental para la industria y la movilidad, en el territorio nacional cerca de 11 millones de hogares lo usan para sus necesidades diarias al ser una fuente barata y confiable.
Lo anterior no quiere decir que venga un racionamiento o que será imperativo regresar al pasado y volver a la leña o el ya olvidado cocinol que tantas tragedias domésticas ocasionó. Como bien lo señalan los expertos en la materia, el faltante se puede traer de afuera pues existen diferentes alternativas en el mercado internacional.
No obstante, esa opción es más costosa y acabará siendo pagada por diferentes eslabones de la cadena. Dado que, por ahora, el déficit equivale a cerca del 7 % del consumo interno el asunto debería ser manejable, si se gerencia bien y los encargados de fijar las políticas públicas hacen la tarea que les corresponde.
Pero siempre está el peligro de complicar más las cosas en caso de desestimular con mayor intensidad la actividad extractiva o de crear tensiones innecesarias por favorecer a unos a costa de otros. Igual de peligroso es que las posturas ideológicas afecten el que debería ser un análisis técnico con el fin de establecer cuál es la mejor salida durante la coyuntura que viene y cómo se recupera la soberanía plena.
Y es que hubo una época no muy lejana en la cual el futuro de Colombia en lo que respecta a gas natural parecía despejado. Pero un declive que comenzó a verse desde la década pasada, ahora se está acelerando. Desde 2017 las reservas probadas han caído 34 % y el factor de reservas sobre producción pasó de 10 a 6,1 años, siendo la descolgada más grande la ocurrida entre 2022 y 2023.
Nada de eso habría tenido lugar de haber recorrido otro camino. La razón es que nadie pone en duda que en el territorio nacional existan depósitos potenciales muy grandes, comenzando con la parte continental, que se complementan con lo que hay en el piedemonte llanero o en los departamentos de la costa Atlántica.
Para citar el ejemplo más protuberante, todo apunta a que en la cuenca Cesar-Ranchería ubicada en el Magdalena Medio se encuentran enormes yacimientos del compuesto. El problema es que la prohibición de facto de la técnica del fracturamiento hidráulico (más conocida como fracking) impidió incluso llevar a cabo los proyectos piloto que le habrían podido abrir la puerta a un método usado en forma segura en EE. UU. o Argentina.
A ello se suma la determinación del Gobierno actual de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, ante lo cual se vuelve mucho más difícil remplazar lo que se gasta. Para colmo de males, los mensajes hostiles desde el Ejecutivo, los cambios en las reglas de juego y la ausencia de liderazgo por parte del Ministerio de Minas, entre otras razones, han llevado a que la inversión disminuya con lo cual el rendimiento de los pozos en operación tiende a ser menor.
Como respuesta se dice con razón que hay prospectos muy interesantes en áreas del Caribe colombiano. Tal es el caso de Uchuva, frente a la Sierra Nevada de Santa Marta cerca del municipio de Palomino, en el que participan Ecopetrol y Petrobras. También está KGG, a unos cuantos kilómetros de las costas de Córdoba, en el que se encuentran Ecopetrol y Shell. Cada una de esas zonas cuenta con un potencial que duplicaría las reservas actuales. En conjunto, las dos abastecerían plenamente el mercado nacional, aunque una cosa es el hallazgo y otra es hacerlo viable.
Dada la complejidad de una explotación submarina, los gastos requeridos serían de varias decenas de miles de millones de dólares. Aun así, la expectativa es que para 2029 se podría completar un gasoducto que entraría a tierra firme por el área de Ballena, en donde ya está la infraestructura necesaria para distribuirla en la red interna. Más adelante, habría otro por Puerto Rey, en el Urabá.
Sobre el papel, queda claro que el bache actual podría superarse a la vuelta de unos años, pero eso solo sucederá en caso de que no surjan nuevos obstáculos en el camino. Aparte de los desafíos técnicos aparecen igualmente el manejo de comunidades, el proceso de consultas y los diferentes permisos, comenzando por la licencia ambiental.
Como bien dice Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, “Colombia tiene cómo aumentar sus reservas y su producción, pero si no perforamos más pozos y no desarrollamos la infraestructura para transportar lo que saquemos, no será posible retomar la autosuficiencia”. La ejecutiva agrega que la ruta crítica comprende gestiones que deben rendir fruto en 2025 para que las obras se completen a tiempo.
¿Qué hacer en el intermedio? Lo que dicen los expertos es que hay que desarrollar todas las opciones posibles. Dentro de las disponibles ya está la planta de regasificación que está ubicada en la Bahía de Cartagena, la cual hasta la fecha ha servido para abastecer a las plantas térmicas que generan electricidad.
Esta se nutre de gas natural licuado y resultó clave durante el más reciente fenómeno de El Niño para evitar un racionamiento, sin afectar la disponibilidad del combustible de los demás usuarios.
Dadas las circunstancias presentes habría que flexibilizar la exclusividad de hoy y autorizar una eventual expansión para seguir comprando del Golfo de México o de Trinidad y Tobago, donde están los proveedores más cercanos. Otra alternativa es acudir a Venezuela, utilizando el gasoducto transoceánico Antonio Ricaurte, que conecta Ballena en La Guajira cerca de Manaure y cuya capacidad teórica equivale a cerca del 15 por ciento del consumo nacional. Si bien el tema se ha ventilado repetidamente, todavía existen impedimentos importantes.
Por una parte, se encuentra la geopolítica, pues las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro dificultan la venta del hidrocarburo. Aún si el Tío Sam da una dispensa, dependiendo de lo que ocurra en el país vecino, surgen las complicaciones técnicas. Hasta ahora, lo que se sabe es que del lado colombiano desapareció un kilómetro y medio de tubo, que se puede reponer con relativa facilidad. Poco claro es lo que pasa más allá de la frontera, pues hay reportes de burbujas en la superficie marina por encima de donde corre la tubería, que hoy en día se asemejaría más a una flauta
Aquí entraría en juego la capacidad de PDVSA de hacer los arreglos con rapidez y garantizar la seguridad de la operación para proceder con los primeros despachos, pero eso está por verse. Lo único evidente hasta ahora es que en sus presentaciones Ecopetrol ha movido la fecha en la cual estaría disponible el recurso.
Salidas adicionales incluyen la construcción de más facilidades, que pueden extenderse al gas propano. También toma fuerza de nuevo la planta regasificadora del Pacífico que se ubicaría en Buenaventura.
Parte de la necesidad de escoger más de una salida tiene que ver con una realidad regional. Aunque se trata de un solo mercado, en la práctica Colombia está dividida en dos: la parte de la costa Atlántica donde hay excedentes para cubrir la demanda y el interior del país donde la producción –concentrada en Cusiana y Cupiagua en el Casanare– no da siempre abasto.
Superar los cuellos de botella implica tomar decisiones. Por ejemplo, de dónde se puede nutrir la refinería que Ecopetrol tiene en Barrancabermeja. También permitir que los gasoductos existentes hagan uso de la bidireccionalidad y aumenten su capacidad de transporte por cuenta de una mayor presión, lo cual haría que la capacidad actual se multiplique por tres. Examinar las posibles salidas demanda que el Estado cuente con una entidad profesional y especializada en el asunto. Ese papel le corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que en la práctica ha permanecido en condición de interinidad durante la mayor parte de lo que va de la actual administración.
Ahora aumenta la probabilidad de que se complete el número mínimo de comisionados nombrados en propiedad con lo cual se lograría un quorum decisorio. De ser el caso, los recién llegados estarán obligados a evacuar un alto número de pendientes que conciernen a los sectores de la energía e hidrocarburos, en donde las urgencias son múltiples.
Una mala reglamentación, o demoras adicionales a las ya incurridas, amenazaría con empeorar una situación inquietante. Lejos de tomar partido sin considerar todos los elementos en juego, lo que se requiere es dialogar con los distintos actores con el fin de transitar el camino que minimice los impactos sobre la economía y el público.
Tampoco se puede menospreciar lo que sucede en el mercado global. Tras el choque que implicó la invasión de Rusia a Ucrania hace más de dos años las cosas están más tranquilas y una buena gestión podría servir para conseguir lo que hace falta, sin que los costos se vayan a la estratosfera.
Pero eso no puede desviar al objetivo para Colombia, que consiste en asegurar su soberanía energética lo antes posible, sobre todo ante la certeza de que el gas que está enterrado en el subsuelo es abundante. Depender de otros, así sea parcialmente, sería un error que cada vez nos resultará más caro, no solo por las divisas que se gastan, sino por las oportunidades perdidas en lo que atañe a industrialización y disminución de emisiones contaminantes.
No deja de ser una cruel ironía que un Gobierno que hizo de la transición energética una de sus principales banderas obtenga una nota tan pobre en el manejo de algo que estaba anunciado desde hace rato. Aunque la culpa de tener que importar gas no le corresponde plenamente, lo que ha hecho acabó adelantando la fecha de las compras externas, en lugar de posponerla. Semejante descalabro es mayor por cuenta del fracaso en concretar la conclusión de numerosos proyectos de energía renovable, como los parques eólicos de La Guajira. De haber hecho bien la tarea desde un primer momento, las necesidades serían menores, como sería más bajo el riesgo de un racionamiento eléctrico cuando vuelva otro periodo de sequía intenso.
Lamentablemente, esa no es la lectura actual. Para el experto Juan Benavides “estamos pagando las consecuencias de dos años de inacción, caracterizados por las señales ambiguas y la falta de pragmatismo del Ejecutivo, mientras la demanda interna continúa subiendo”.
Murgas, de Naturgás, sostiene que “la disminución en la oferta reafirma la necesidad de priorizar las decisiones de política pública y regulatoria que permitan incrementar la disponibilidad local de gas y habilitar todas las fuentes de suministro, cubriendo así las necesidades en un cien por ciento”. Como complemento, “el desarrollo de los hallazgos identificados, principalmente costa afuera, nos permitirá retomar la autosuficiencia en el largo plazo”.
Salir del marasmo obliga a tomar el toro por los cuernos, actuar con transparencia y contar con capacidad de reacción. De lo contrario, la senda será tortuosa, con el riesgo de que sean los colombianos de a pie los que acaben pagando los platos rotos, cuando las consecuencias más indeseables de la falta de un bien esencial se habrían podido evitar.
